CANYON COUNTY, Idaho — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó el martes una demanda colectiva en una corte federal, acusando a agencias federales, estatales y locales del orden público de violar los derechos civiles de cientos de personas durante una redada a gran escala en el hipódromo La Catedral, en Wilder, Idaho.
La demanda alega que familias fueron detenidas ilegalmente durante horas el 19 de octubre de 2025 y sometidas a controles migratorios bajo el pretexto de una investigación por apuestas ilegales.
La demanda fue presentada en nombre de varias familias latinas y nombra como demandados a Kenneth Porter, director interino de la oficina de ICE en Boise; Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City; Chris Sheehan, agente supervisor del FBI en Boise; Jake Sheridan, agente especial del FBI; el alguacil del condado de Canyon, Kieran Donahue; el jefe de policía de Caldwell, Rex Ingram; el jefe de policía de Nampa, Joe Huff; el director de la Policía Estatal de Idaho, Bill Gardiner; el condado de Canyon; las ciudades de Caldwell y Nampa; y 20 demandados adicionales identificados como “John Doe”.
Los demandantes buscan que el caso sea certificado como una demanda colectiva para todas las personas detenidas en el hipódromo durante la redada que no fueron arrestadas por cargos criminales.
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Según la demanda, aproximadamente 400 personas asistían al evento en octubre cuando más de 200 agentes del orden público ingresaron al lugar poco antes de una carrera destacada, deteniendo a todas las personas presentes, incluidos adolescentes, niños pequeños y bebés.
Los demandantes alegan que el operativo constituyó una detención masiva inconstitucional y una redada migratoria que fue mucho más allá del alcance de una investigación limitada y no violenta por apuestas ilegales.
De acuerdo con la demanda y documentos judiciales citados, la redada estaba relacionada con una investigación federal por presuntas apuestas ilegales sin licencia vinculadas a carreras de caballos en La Catedral. Los demandantes reconocen que agentes federales investigaban a un pequeño grupo de personas acusadas de facilitar apuestas sin la licencia estatal requerida y que ya existían órdenes de arresto para cinco personas antes del operativo.
La demanda identifica a Iván Téllez, propietario del predio de La Catedral, como uno de los acusados. Según los demandantes, Téllez tenía un permiso para operar carreras de caballos, pero no contaba con licencia estatal para facilitar apuestas. La demanda señala que no existen acusaciones de violencia, drogas o crueldad animal en su contra.
También se menciona a Samuel Bejarano Colín como el presunto administrador de la operación de apuestas. Según la demanda, Colín organizaba apuestas en carreras de caballos, incluidas apuestas presenciales y a través de redes sociales. Otras tres personas —Dayana Fajardo, César Ínguez Orozco y Alejandro Torres Estrada— son acusadas de ayudar en la recolección o distribución del dinero relacionado con las apuestas. Los demandantes señalan que Fajardo es esposa de Colín.
Según la demanda, cuatro de las cinco personas fueron detenidas durante o poco después de la redada, y una fue arrestada en otro lugar. Los demandantes indican que las acusaciones presentadas días después solo incluyeron delitos relacionados con apuestas, sin cargos por drogas, armas o delitos violentos.
En contraste, la demanda alega que más de 100 personas fueron arrestadas por razones migratorias durante el operativo, mientras que cientos de otras —incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales— fueron detenidas durante horas sin ser acusadas de ningún delito.
Los demandantes argumentan que ninguno de los demandantes nombrados fue interrogado sobre apuestas durante su detención y que la liberación dependía de verificar el estatus migratorio, lo que, según ellos, demuestra que la inmigración y no las apuestas se convirtió en el enfoque principal del operativo.
La demanda además alega que la redada se llevó a cabo en un momento en que se esperaba la mayor asistencia y en un lugar conocido por atraer principalmente a familias latinas, factores que los demandantes señalan como centrales para sostener que el operativo funcionó como una acción de control migratorio a gran escala, y no como una investigación penal limitada y específica.
Lo que los demandantes alegan que ocurrió durante la redada
Según la demanda, el evento era pacífico y familiar antes de que comenzara la redada. Los demandantes alegan que las autoridades llegaron de forma altamente militarizada, con agentes en equipo táctico portando rifles, vehículos blindados, drones, unidades caninas, francotiradores ubicados en estructuras y un helicóptero sobrevolando el área.
La demanda afirma que se usaron granadas aturdidoras, se rompieron ventanas de vehículos —incluidos autos con niños dentro—, se dispararon balas de goma y se obligó a personas obedientes, incluidos adolescentes y adultos mayores, a tirarse al suelo.
Tras el operativo inicial, los demandantes aseguran que los agentes reunieron a toda la multitud, esposaron con cinchos a la mayoría de los adultos y a jóvenes desde los 14 años, y ordenaron que permanecieran en el hipódromo. Según la demanda, familias fueron separadas y a los padres se les impidió localizar a sus hijos.
Procesamiento migratorio en el centro de la demanda
Un reclamo central de la demanda es que los detenidos fueron procesados en una carpa destinada a controles migratorios y no fueron liberados hasta verificar su estatus legal.
Según la demanda, las personas fueron separadas en filas en parte según su apariencia y etnicidad percibida, alegando que personas de piel más clara fueron tratadas de manera diferente que personas de piel más oscura. Dentro de la carpa, los demandantes afirman que solo se les hicieron preguntas relacionadas con inmigración, no con apuestas.
La demanda sostiene que quienes pudieron comprobar su estatus legal fueron liberados de inmediato, mientras que otros fueron trasladados a centros de detención migratoria. Los demandantes indican que aproximadamente el 70% de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses o personas legalmente presentes en el país.
Testimonio previo de una madre local
Una de las demandantes nombradas, Juana Rodríguez, habló previamente con Idaho News 6 sobre su experiencia durante la redada.
Rodríguez le dijo a la reportera vecinal del condado de Canyon, Victoria Rodriguez, que estuvo esposada durante horas y no pudo atender a su hijo de 3 años mientras lloraba por comida y agua. Aseguró que los agentes se negaron a quitarle las esposas para consolarlo y que su hijo presenció cómo su abuelo era llevado bajo custodia migratoria. Rodríguez describió la experiencia como traumática para su familia.
Qué sigue
La demanda busca certificación como demanda colectiva y alega violaciones constitucionales, incluyendo detenciones irrazonables y negación de protección igualitaria ante la ley. Los demandantes señalan que el caso busca responsabilizar a las agencias involucradas y prevenir operaciones similares en el futuro.
Hasta el momento, no se han emitido fallos judiciales sobre las acusaciones. Los demandados aún no han presentado respuestas formales a las alegaciones.
El alcalde de Nampa, Rick Hogaboam, respondió al hecho de que la policía de la ciudad haya sido incluida en la demanda, señalando:
“Tomamos este asunto con seriedad y estamos comprometidos a seguir el proceso legal con integridad y profesionalismo”.
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